Trabajo en la ventanilla de la notaría pública sobre la calle Bergenline, en Union City, Nueva Jersey, hace catorce años. He firmado y sellado de todo: escrituras de casas, poderes, testamentos escritos en servilletas de restaurante por gente que no confiaba en que llegara al día siguiente. Pero lo de la señora Reyes no se me olvida.
Era un martes de agosto, con ese calor pegajoso que hace que el aire acondicionado de la oficina suene como un carro viejo subiendo cuesta. Yo estaba por cerrar temprano porque tenía cita con el dentista a las cuatro, y ya había avisado a mi supervisor. Entonces entró ella: Carmen Reyes, sesenta y un años, con un cárdigan azul a pesar del calor y una carpeta de plástico apretada contra el cuerpo como si adentro llevara algo vivo.
La reconocí porque dos años antes había venido a legalizar el acta de defunción de su esposo, Rogelio. Un mecánico que tuvo su propio taller en la Kennedy Boulevard por treinta y un años. Recuerdo ese día porque ella firmó con una letra tan pequeña que tuve que pedirle que repitiera la firma en la línea de abajo, y ella se disculpó tres veces por algo que ni siquiera era su culpa.
Esta vez no venía a firmar nada. Venía a preguntar.
—¿Usted puede decirme si un documento es válido? —me dijo, y puso la carpeta sobre el mostrador con las dos manos, como quien pone una apuesta que ya sabe que va a perder.
Adentro había una copia de una transferencia de propiedad del negocio, Taller Reyes Auto Repair, fechada seis meses antes de que Rogelio muriera. El nuevo dueño: Ismael Ortiz, el aprendiz que Rogelio había contratado hacía nueve años y que, según me contó Carmen esa tarde apoyada en el mostrador, prácticamente había criado como a un hijo porque el propio hijo de ellos vivía en Orlando y nunca quiso saber nada de carburadores.
Yo no podía darle consejo legal —eso lo dejo bien claro siempre, no soy abogada, soy notaria— pero sí podía decirle lo que el papel decía. Y el papel decía que Rogelio le había vendido el negocio a Ismael por ocho mil dólares, una cantidad ridícula para un taller que, según supe después, facturaba cerca de doscientos mil al año.
—Mi esposo nunca me dijo nada de esto —repitió ella cuatro veces, como si repetirlo fuera a cambiar la fecha en el papel.
Yo tenía la cita del dentista a las cuatro. Se lo dije. Ella asintió, recogió su carpeta, y antes de irse me preguntó si yo sabía de algún abogado que no cobrara consulta. Le anoté el número de la clínica legal gratuita en Journal Square, en un post-it amarillo, y con eso pensé que mi parte en esto se había terminado.
No fue así. Carmen volvió tres semanas después, un viernes, cuando yo estaba comiendo un sándwich de jamón y queso en mi escritorio porque no había tenido tiempo de salir. Esta vez no venía con dudas. Venía con una abogada de la clínica de Journal Square, una mujer joven de nombre Yolanda que llevaba una laptop metida en una mochila deportiva, y con una copia de los récords médicos de Rogelio de los últimos ocho meses de su vida.
Rogelio había tenido un diagnóstico de demencia vascular temprana catorce meses antes de morir de un infarto. La firma en el documento de transferencia —esa firma torcida, con la R más alta que el resto de las letras— no se parecía a las firmas de treinta años atrás que yo misma tenía archivadas en el sistema de la notaría por los trámites del taller.
Ismael Ortiz nunca apareció en mi oficina. Lo conocí después, sin buscarlo, porque el taller sigue ahí en la Kennedy Boulevard y yo llevo el carro a que le cambien el aceite en el Jiffy Lube de al lado. Un hombre de unos treinta y cinco años, con las manos siempre negras de grasa hasta las uñas, que un día de octubre estaba discutiendo en la acera con un cliente por una factura. No tenía cara de villano de telenovela. Tenía cara de alguien cansado, de esos que llevan la cuenta de cuánto deben en la cabeza todo el día.
Carmen me contó, en una de esas visitas que ya no eran por trámites sino porque, según ella, "usted fue la primera que me creyó", que Ismael había empezado a cambiar la cerradura de la oficina del taller apenas dos semanas después del funeral. Que le dijo a ella que "los papeles ya estaban en orden" cuando ella preguntó si podía seguir pasando por ahí los sábados, como hacía siempre, a llevarle café a los mecánicos.
El caso duró casi un año. Yolanda, la abogada, presentó la demanda alegando incapacidad mental del vendedor al momento de la firma y venta por debajo del valor justo de mercado. Hubo una audiencia en la corte del condado de Hudson, en Jersey City, en marzo, y Carmen me pidió que fuera como testigo de carácter porque yo había estado presente en ambas firmas: la del acta de defunción y, meses antes de todo esto, la de un poder notarial que Rogelio había intentado hacer a favor de Carmen y que nunca llegó a completarse porque, dijo él ese día, "mejor lo dejamos para después, todavía no estoy tan viejo".
Ese "todavía no estoy tan viejo" quedó anotado en mi libro de registro con fecha y hora. Se lo leí al juez.
El juez —un hombre de apellido Feldstein que llevaba el pelo canoso cortado casi al ras— falló a favor de Carmen. Anuló la transferencia por falta de capacidad mental comprobada del vendedor y por lo que llamó "indicios razonables de influencia indebida", dado que Ismael había manejado personalmente todos los papeles del cierre sin que ningún abogado independiente representara a Rogelio.
La semana siguiente al fallo, Carmen volvió a mi oficina. No por trámites del taller —eso ya lo manejaba Yolanda—, sino a traerme una caja de pastelitos de guayaba de la panadería cubana de la avenida, "para agradecer", me dijo. Yo le dije que no hacía falta, que solo había hecho mi trabajo. Ella se quedó parada un momento con la caja todavía en las manos, como si no supiera si dejarla en el mostrador o llevársela de vuelta, y al final la puso ahí, entre mi computadora y el sello notarial, y salió sin decir más.
Dos meses después, en mayo, pasé por el taller de la Kennedy Boulevard a buscar mi carro y vi el letrero nuevo colgado sobre la entrada: Taller Reyes Auto Repair — Bajo Nueva Administración. Carmen lo había vendido, esta vez de verdad, a una cadena regional de talleres por ciento setenta y cinco mil dólares, con un contrato firmado ante un abogado de verdad y notariado —esta vez sí— por mí misma, con Yolanda sentada al lado revisando cada cláusula.
Ismael ya no trabajaba ahí. Alguien me dijo, meses más tarde, en la fila del Jiffy Lube, que se había ido a trabajar de mecánico asalariado para otro taller en Weehawken, ganando por hora como cualquier empleado.
Carmen usó parte del dinero para pagarle a Yolanda lo que la clínica gratuita no cubría —insistió en pagar aunque no le cobraban— y con el resto se compró un apartamento de un cuarto en West New York, a diez cuadras de donde vivía con Rogelio. Todavía pasa por mi oficina de vez en cuando, no por trámites, sino porque dice que le queda de camino a la iglesia los domingos. La última vez me trajo café de la bodega en dos vasos de foam y nos lo tomamos paradas junto al mostrador, sin que ella tuviera ninguna carpeta apretada contra el pecho.
